Mi Valoración Personal acerca de las Instituciones, Normas y Reglamentos para el alcance de los ODS en República Dominicana.

Luego de haber realizado la lectura, el análisis y la interpretación de los diferentes documentos relacionados a las instituciones vigente y en funcionamiento con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana, considero que los mecanismos de cooperación internacional, la han evolucionado en el  pensamiento político en la gestión pública las realizaciones de los gobiernos,  las organizaciones internacionales sociales y de las empresas. El resultado es una realidad ampliada de lo público y el enriquecimiento de valores y principios como alianza, participación, coherencia, inclusión, diversidad, integración, universalidad o desarrollo sostenible que cobran un nuevo significado y alcance para la acción pública. Para que la Agenda 2030 pueda llevarse a cabo con éxito, es preciso que los países cuenten con una arquitectura institucional que facilite la gobernanza y la capacidad necesaria para cumplir con sus objetivos. La capacidad institucional abarca, entre otros aspectos, la presupuestación y la financiación, los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, la evaluación, la participación y la rendición de cuentas, la estructura organizativa, la articulación interna y externa mediante alianzas y el fortalecimiento de las competencias profesionales y de los valores de las personas.

Las instituciones políticas son un factor determinante para lograr la confianza, para reducir la complejidad social y para generar certidumbre política, económica e internacional en los Estados y en sus responsables; además, influyen en el proceso político y en la estabilización democrática de las sociedades, favoreciendo el capital social y la inclusión y el desarrollo de las capacidades de las organizaciones existentes en la sociedad y de los ciudadanos en su contribución al bien común. La arquitectura institucional gubernamental contribuye a que los ciudadanos estén satisfechos con la democracia, la confianza social y la confianza política, lo que confiere legitimidad y mayor probabilidad de aceptación social de las instituciones políticas y de obediencia al orden constituido.

Se necesitan Estados que asuman efectivamente su responsabilidad con la participación activa de la sociedad y del sector privado para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que favorezca la estabilidad, el crecimiento y la innovación. Para ello es preciso concebir al Estado y a su Administración como una plataforma en la que interaccionan numerosos actores con el fin de promover y lograr el bien común mediante el impulso público. De esta manera, cuando la arquitectura institucional se orienta a un concepto abierto del gobierno y a la estabilidad, existen altas probabilidades de lograr todo tipo de recursos y el conocimiento necesarios para cumplir con los ODS. Además, la arquitectura institucional puede reforzarse aprovechando la estructura existente regional integrada o no en el Sistema de Naciones Unidas e incorporar los ODS en la planificación y en la presupuestación nacional.

El estudio de los Informes Voluntarios Nacionales de los países iberoamericanos presentados ante las Naciones Unidas en los últimos años evidencia que la Agenda 2030 es probable que tenga éxito en su implantación si forma parte de la agenda política y de gobierno de cada país, si el liderazgo es persistente, real y se sitúa en el nivel más alto del gobierno. También ayudará mucho que la institución impulsora de la Agenda tenga poderes efectivos de coordinación o de planificación sobre los organismos gubernamentales y territoriales implicados.

La capacidad institucional, y en concreto el factor presupuestario y financiero, así como la estadística o disponibilidad y tratamiento de los datos, condicionan decisivamente la consecución de los ODS. La falta de financiación específica asociada a la Agenda 2030 y la exclusión de la ayuda al desarrollo de los países de riqueza media dificultan seriamente su cumplimiento. El esfuerzo presupuestario público resulta insuficiente, por lo que es necesaria la colaboración privada y social, así como reforzar la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la triangular. La capacidad institucional se resiente por la debilidad estadística, lo que limita las decisiones y la gestión basadas en evidencias; esto hace que sean necesarios esfuerzos de mejora importantes y coordinados. La territorialización de los ODS es escasa en Iberoamérica, como también lo son las alianzas regionales y globales. Esta situación limita los avances nacionales y la consecución mundial de la Agenda 2030. La conexión entre los ejecutivos y los legislativos nacionales admite un amplio margen de mejora con el fin de que se produzca un control y seguimiento democráticos de la implementación de los ODS. La mejora de los aspectos intergubernamentales y de cooperación se debe completar con una revisión de los mecanismos de cooperación internacional en materia de financiación, modificando los criterios economicistas del desarrollo.

Existen dudas sobre la eficacia de los procesos de participación establecidos en los distritos países referidas a la influencia real de la sociedad organizada en la implementación, seguimiento y control de la Agenda 2030. Esta situación hace que sea necesario establecer espacios de participación real entre las organizaciones y las instituciones públicas. En el caso de las empresas, este cambio podría facilitar la extensión y profundidad de su compromiso con los ODS.

Se puede concluir en que el factor explicativo del rendimiento de la Agenda 2030 en cada país es probable que dependa más de la existencia de mecanismos ordinarios y efectivos de planificación y de gestión que el diseño e implantación de una organización específica para el cumplimiento de los ODS.

Su implementación se realizó en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo (DPADM) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA), el Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en cuyas instalaciones se desarrollaron los trabajos.Miguel Ángel Moir, Secretario de Planificación y Programación de Guatemala, afirmó que la implementación de la Agenda 2030 requiere profundizar la cooperación alineada con el ODS 17 -que apunta a revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible-, y que los presupuestos nacionales reflejen las prioridades de los planes de desarrollo.

Iván Rodríguez, Viceministro de Planificación de República Dominicana, por su parte, señaló que “el financiamiento de la Agenda 2030 sólo es posible si se implementan reformas fiscales profundas para cambiar la estructura impositiva, ampliar los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, fortalecer la administración tributaria y revisar las exenciones fiscales”.

José Gerardo Avendaño, Viceministro de Planificación Estratégica y Política de Venezuela, indicó que es necesario generar una arquitectura institucional favorable a la implementación de los ODS, alinear los planes, políticas y programas a los sistemas de recursos y añadió que la toma de decisiones más allá de la consulta se produzca en el poder popular.

Felipe Castro, del DNP de Colombia, y Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina, enfatizaron los avances de los mecanismos institucionales en sus respectivos países como plataformas innovadoras multiactor para el seguimiento de los ODS a nivel nacional y territorial.

En la inauguración del encuentro, Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, subrayó que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren de una institucionalidad nacional, regional y global “fortalecida en sus capacidades para hacer frente a los nuevos desafíos del desarrollo”.

La Directora del ILPES, en representación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, agregó que los ODS requieren también de una institucionalidad abierta a la innovación para resolver problemas públicos de una forma colaborativa con la participación activa de una ciudadanía responsable, informada y empoderada.

Precisó que los sistemas nacionales de planificación son los llamados a coordinar políticas económicas, sociales y ambientales para el logro de la Agenda 2030 y los ODS.

La funcionaria de la CEPAL recordó el carácter universal, indivisible y civilizatorio de la Agenda 2030. Subrayó que la indivisibilidad de los ODS exige a los países establecer sinergias, integración y transversalidad en las políticas públicas y agregó que es clave identificar las interconexiones entre los ODS a nivel nacional.

“Debemos potenciar el encuentro entre las oportunidades y las acciones. La oportunidad de los siguientes 13 años es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS.

El encuentro internacional buscó proporcionar un espacio regular para debatir los desafíos y las posibles soluciones, así como aprender sobre los instrumentos y las mejores prácticas para promover los enfoques de “todo el gobierno” y de “toda la sociedad” con miras a planificar, hacer seguimiento, evaluar y financiar la consecución de los ODS en los planos nacional y local.

Durante la reunión, los funcionarios presentaron la arquitectura institucional regional para el seguimiento de la agenda, experiencias derivadas de los informes nacionales voluntarios, y facilitaron la información e intercambio sobre iniciativas del sector privado para implementar la Agenda 2030.

Abordaron también los diversos ámbitos de la planificación para el desarrollo y dieron a conocer el Plan barómetro y el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, dos importantes herramientas para el seguimiento y evaluación de los avances en la implementación de los ODS en la región.

Comisión ODS RD

Reglamento Interno de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo sostenible.

Que mediante el Decreto No. 23-16 de fecha 22 de febrero de 2016, modificado por el Decreto No. 26-17 de fecha 13 de febrero de 2017, se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS), la cual parte del hecho de que República Dominicana dispone de una agenda nacional conceptualizada y formulada en la Visión, Objetivos y Metas contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). Que la CDS valora y reconoce la capacidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda-ODS) para inspirar y pautar el diseño de políticas y estrategias de desarrollo sostenible a nivel nacional, en los ámbitos sectorial y territorial, y asimismo, para orientar los esfuerzos públicos y privados hacia el logro de resultados que conduzcan a una sociedad más próspera e inclusiva, complementando la visión y el alcance de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Que la CDS entiende como agenda nacional el conjunto de políticas, planes, programas y proyectos en desarrollo, o programados para ser implementados mediante la ejecución de los presupuestos de las instituciones públicas, para la realización de los objetivos y el logro de las metas establecidas en la END, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el Plan de Gobierno, el Plan Estadístico Nacional y los planes estratégicos y operativos de las entidades del gobierno central y de los gobiernos locales.

Que la CDS encaminará las diligencias y procesos que sean pertinentes para promover la Agenda-ODS como marco de acción a favor de la prosperidad de las personas, del país y del planeta, complementando así los objetivos y las metas de desarrollo contenidas en losinstrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Que, para el cumplimiento de sus mandatos, la CDS se concentrará en apoyar y asistir, técnica y metodológicamente, a las entidades con rectoría o ejecutoras de políticas públicas, a fines de asumir en sus respectivos ámbitos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, armonizando o asimilando dichos objetivos a la propia agenda nacional.

En conclusión puedo señalar que la implementación de ODS en la Republica Dominicana están organizados con reglamentos, normas y acciones, que deben traducirse en políticas económicas, sociales y ambientales coordinadas y con visión de largo plazo que potencien una gestión pública transparente, colaborativa, innovadora e incluyente en todos los niveles de gobierno.